El juez Santiago Camogli dictó el veredicto en la causa que tiene como único imputado al expresidente provisorio de la Unicameral de Córdoba. Fue acusado de autor penalmente responsable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal. Se lo inhabilitó por 8 años para conducir y el pago de una suma millonaria.
Este martes llegó a su fin en los Tribunales de Villa Dolores el juicio oral y público contra Oscar González, exlegislador provincial y referente histórico del peronismo cordobés, juzgado por el trágico siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el paraje Niña Paula del Camino de las Altas Cumbres, en Traslasierra. Se lo sentenció a tres años de prisión condicional e inhabilitación de 8 años para conducir por considerarlo «autor penalmente responsable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal».
En aquel episodio impactaron frontalmente el automóvil BMW X1 conducido por González y un Renault Sandero en el que viajaban tres personas. A raíz de la colisión, la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, falleció al momento de ser trasladada al hospital, mientras que su hija Marina Szulewicz y la amiga de esta, Alexa Miranda, sufrieron severas secuelas físicas y motoras que requirieron tratamientos médicos de alta complejidad.
semanas de debate oral, donde declararon más de treinta testigos y se expusieron múltiples peritajes mecánicos, médicos y psicológicos. Pasado el mediodía de este martes, el juez Santiago Camogli dio lectura al veredicto que determinó la responsabilidad penal y civil del exfuncionario.
La sentencia
Camogli halló al exlegislador culpable de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal por la colisión ocurrida en octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. La sentencia fijó una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, por lo que González no irá a la cárcel de manera efectiva, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo plazo. Asimismo, el tribunal le impuso una inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de 8 años. Entre las pautas que deberá cumplir el exfuncionario durante los próximos tres años se encuentran la obligación de fijar residencia, comparecer cada dos meses ante el tribunal de ejecución, no cometer nuevos delitos y abstenerse del consumo en exceso de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
En el mismo pronunciamiento, la Sala 3 rechazó los planteos defensivos presentados por la representación legal de González y admitió parcialmente las acciones civiles promovidas por los familiares de las víctimas. De este modo, la sentencia condenó de manera conjunta al imputado y a la Provincia de Córdoba a abonar millonarios resarcimientos económicos. Para Vera Szulewicz el tribunal fijó una indemnización de $31.633.758,86 en concepto de daño moral, tratamientos psicológicos y consecuencias patrimoniales tras el fallecimiento de su madre, Alejandra Bengoa.
En el caso de Marina Szulewicz, sobreviviente del siniestro, la suma dispuesta alcanza los $353.575.089,30, contemplando incapacidad psicofísica pasada y futura, daño moral y gastos de rehabilitación.
Por su parte, la demanda correspondiente a Alexa Miranda acumuló el monto más elevado, fijado en $1.625.279.401, respondiendo a los severos daños psicofísicos sufridos, el acompañamiento permanente de asistentes diarios, insumos médicos y las adaptaciones edilicias requeridas para su vivienda.
A todos los montos liquidados se les adicionarán los intereses correspondientes al momento de la publicación de los fundamentos completos, mientras que la inhabilitación para conducir será informada de manera inmediata al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (REPAT).
La previa
La acusación pública, encabezada por la fiscal Analía Gallaratto, sostuvo la imputación de homicidio culposo y lesiones agravadas culposas, apoyándose en las conclusiones del perito oficial Ramiro Ojeda. Para la fiscalía quedó acreditado que el imputado realizó una maniobra imprudente e invadió el carril contrario en un sector prohibido, por lo que había solicitado la pena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva junto a 10 años de inhabilitación para conducir.
Por su parte, los abogados de las querellas particulares, Germán Romero Marcón y Lucas Cocha, habían exigido que la conducta se encuadre dentro de la figura de dolo eventual o se aplique la sanción máxima, reclamando una condena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Argumentaron que González, por su experiencia y un historial reiterado de infracciones viales, podía prever el desenlace fatal y actuó con indiferencia. En la faz civil, representada por el letrado Emiliano Binante, se elevó una demanda indemnizatoria que supera los 11 mil millones de pesos para afrontar los costos médicos de las sobrevivientes.
En el extremo opuesto, la defensa del imputado, a cargo de Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro, había pedido la absoluta absolución de González. Los letrados cuestionaron los peritajes oficiales e intentaron demostrar que el hecho aconteció por culpa de la propia víctima fatal, sosteniendo que Bengoa realizó un sobrepaso fallido a un camión sin tiempo para reincorporarse a su carril antes del impacto. Asimismo, la representación legal del Gobierno de Córdoba se alineó a la postura defensiva en la demanda civil para desestimar la responsabilidad económica del Estado provincial.
Denuncia por irregularidades
El vehículo importado que conducía González formaba parte de un lote de autos judicializados que la Justicia de Villa Dolores había cedido a la Unicameral para uso exclusivamente oficial, detectándose además tras el impacto que la unidad circulaba con una chapa patente clonada.
El caso también estuvo atravesado por momentos de fuerte controversia social, como la difusión de imágenes posteriores al choque que mostraban a personas allegadas al dirigente retirando bolsos del interior del rodado siniestrado antes de las intervenciones periciales.
A la par del expediente que concluye en Traslasierra, la causa motivó la apertura de investigaciones en la Justicia Federal orientadas a analizar el patrimonio del exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.